“Tengo una de 16”, se escucha en uno de los audios que ayer resonaron en la sala del juzgado federal de Garantías N°1 de Salta. La frase, simple y brutal, dejó un silencio helado en todos los presentes. Esa voz era la de un remisero, acusado de ser el organizador principal de una red de explotación sexual que operaba en la zona sur de Salta, a escasos metros de un colegio. Ese Volkswagen Voyage blanco que transitaba diariamente por el barrio había dejado de ser un vehículo de trabajo para convertirse en un símbolo de terror para las adolescentes del establecimiento.

El juez federal, Julio Leonardo Bavio resolvió dictar prisión preventiva para siete de los ocho acusados. Entre ellos estaban el remisero, los dos empresarios detenidos en septiembre y otros miembros de la organización, a quienes se sumó la imputación por asociación ilícita. Un hombre de Campo Quijano recibió arresto domiciliario, confirmaron desde la Justicia Federal. Mientras tanto, la investigación avanzaba con peritajes a celulares y la apertura del secreto bancario para rastrear transferencias de dinero, ya que según la Fiscalía, las estudiantes vírgenes eran ofrecidas por hasta $200 mil.

En las últimas horas, la ministra de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de Salta, Cristina Fiore, adelantó ayer que el área jurídica de su cartera evalúa presentarse como querellante en la causa.

El caso, calificado por la fiscalía como “de gravedad sin precedentes”, involucraba a nueve personas y dejaba al descubierto una trama de captación, abuso, filmación y coacción de chicas de entre 12 y 17 años. Las víctimas eran estudiantes de cuarto y quinto año del colegio cercano al barrio donde operaba el remisero. Algunas provenían de familias de clase media, otras de contextos más vulnerables. Todas compartían un rasgo: confiaban en un remisero al que conocían del barrio, sin imaginar que se convertiría en su captor.

El inicio de la investigación

Todo comenzó a revelarse a partir de un hallazgo doméstico. Una madre descubrió que su hija tenía un celular de alta gama que nadie en la familia había comprado. Al revisar los mensajes, halló conversaciones de tono sexual, algunas incluso mencionando a su otra hija, de apenas 12 años. La denuncia inicial fue desestimada por la justicia ordinaria, pero a mediados de este año la Fiscalía decidió reabrir el expediente, sumando un equipo reforzado con la Policía de Seguridad Aeroportuaria y la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX).

Los investigadores reconstruyeron un esquema meticuloso. El remisero captaba a las adolescentes, se ganaba su confianza y luego las ofrecía sexualmente a clientes. Las chicas eran trasladadas en su Volkswagen blanco, a veces ocultas bajo los asientos o en el baúl, para evitar ser vistas por vecinos o autoridades. Los abusos se cometían en moteles sobre la ruta nacional 26, camino a La Isla, y también en casas de los acusados, donde además se consumían drogas. Algunos episodios rozan lo inimaginable: una adolescente fue obligada a ingresar al baúl del auto y, en otros, las víctimas eran forzadas a participar en tríos, orgías o despedidas de soltero.

Tarifas, horarios y códigos

Los audios incorporados a la causa mostraban la frialdad de la organización. En ellos, el remisero coordinaba encuentros, describía a las víctimas y los pagos que recibiría de los clientes. En algunas grabaciones se escuchan frases que hielan la sangre: “somos cinco”, “tengo una chica de 16 años”. Además, exigía a las jóvenes que enviaran fotos o videos, que luego utilizaba para amenazarlas y mantenerlas bajo su control. Cada encuentro estaba cronometrado: 18 minutos exactos, incluso durante horas libres de la escuela, y los precios eran calculados con precisión: un beso costaba $60 mil, el sexo oral sumaba $20 mil, y si la víctima era virgen, el monto llegaba a $200 mil. Para coordinar, los acusados usaban un código: “vamos a hacer la onda”.

El entregador

El control sobre las adolescentes se extendía a otros miembros de la red. Un menor de 16 años, amigo de algunas de las víctimas, entregaba información sobre quiénes podían ser más vulnerables, quiénes eran vírgenes o qué dificultades familiares atravesaban. Por esos datos cobraba dinero y se transformaba en un engranaje más de la maquinaria de explotación. Las chicas estaban sometidas y amenazadas: si se negaban, el remisero prometía llamar a sus padres. Algunas justificaban lo que hacían por dinero, regalos o la posibilidad de comprarse ropa o celulares, pero la fiscalía concluyó que estaban bajo presión psicológica constante.

Entre los episodios que más impactaron a los investigadores se cuentan el acoso a la hermana menor de una víctima y el intento de llevar a otra alumna desde una parada de colectivo. La visión del Volkswagen blanco cerca del colegio provocaba pánico instantáneo en las adolescentes, que temían ser captadas nuevamente. El miedo, la manipulación y las amenazas de los adultos habían convertido a ese vehículo en un elemento de terror constante.

Los detenidos

Las primeras detenciones se realizaron en septiembre: el remisero, los dos empresarios, un hombre de Campo Quijano y un estudiante del mismo colegio de 16 años, quien luego fue liberado al sospecharse que había sido manipulado por los adultos. Más tarde, se sumó un militar y tres adultos más, alcanzando un total de nueve personas implicadas y ocho formalmente imputadas.

Allanamientos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria permitieron secuestrar celulares, dispositivos de almacenamiento, marihuana, aceite de cannabis, pastillas de estimulación sexual, juguetes eróticos, documentación y material audiovisual. La fiscalía no descartó que uno de los empresarios también pueda ser acusado por suministro de drogas a menores, evidenciando la complejidad y el entramado de la red.

Las víctimas

El defensor de Víctimas de Salta, Nicolás Escandar, confirmó a LA GACETA que hasta el momento once víctimas del caso de trata de personas que habría operado en una escuela de la zona sur de la capital ya designaron representación legal, aunque advirtió que el número podría superar las treinta a medida que avance la investigación. Explicó que muchas de las niñas no desean participar del proceso judicial por el profundo impacto emocional y la vergüenza que suelen acompañar este tipo de delitos de índole sexual. “Algunas no quieren saber nada, no quieren que se les hable del caso, y cuando esa decisión es libre y voluntaria, nosotros la respetamos”, señaló Escandar, al tiempo que destacó que en algunos casos, con el paso del tiempo, las víctimas deciden incorporarse al proceso. El funcionario precisó además que la causa se encuentra en una etapa inicial, luego de las audiencias de formalización en las que se imputaron cargos y se debatieron las medidas de coerción. En ese contexto, siete acusados permanecen con prisión preventiva, uno en prisión domiciliaria y otro en libertad, mientras que un menor está siendo evaluado para determinar si su participación se enmarca en la cláusula de no punibilidad prevista en la ley de trata, ya que podría haber pasado de víctima a victimario.

Por su parte, la Fiscalía sostuvo que la red operaba con un sistema de captación y control estable, prolongado durante meses, que convirtió la vida de varias adolescentes en un infierno silencioso. Lo que comenzó como un hallazgo doméstico se transformó en una investigación que mostró la crudeza de un delito organizado, perpetrado a plena luz del día y a escasos metros de un colegio.

El juez Bavio coincidió con el fiscal Eduardo Villalba en que existía “un riesgo concreto de entorpecimiento” de la investigación. La sala, cargada de tensión, dejó en evidencia la gravedad de la red: un entramado meticuloso, organizado y cruel que operó con precisión, dejando secuelas físicas y psicológicas irreparables en adolescentes que solo buscaban estudiar y vivir su adolescencia. El Volkswagen blanco, los moteles, los mensajes, los audios, todo formaba parte de un engranaje que hoy la Justicia busca desmantelar.